spot_imgspot_img

Retomar la vieja normalidad

En ausencia de una cobertura vacunal idónea para alcanzar la inmunidad colectiva frente a la COVID-19, las autoridades sanitarias han venido implementando medidas de prevención para desacelerar la propagación vírica del SARS-CoV-2. Estos instrumentos de contención, empero, han incidido negativamente en la situación económico-financiera de los territorios objeto de estas restricciones, además de generar efectos perniciosos en la salud física y mental de la ciudadanía.

A tal efecto, el estado de postración de una población extenuada por más de un año de restricciones ha planteado un intenso debate acerca del nivel de tolerancia que deben mostrar los ciudadanos frente a limitaciones de este calibre. Es decir, hasta cuándo debe la ciudadanía soportar el cese de la interacción social en todas sus vertientes, ahora que los datos epidemiológicos empiezan a estabilizarse.

Según el informe anual de desigualdad que publica la ONG Oxfam Intermón, la pandemia del COVID-19 ha empujado a 790.000 personas a la pobreza extrema en España este año. Por su parte, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) las medidas impuestas por las autoridades sanitarias se han saldado con la destrucción de más de 207.000 empresas (una de cada seis) y ha obligado a echar el cierre a 323.000 autónomos. Además, el Elma Research Institute reportó el pasado mes de septiembre que el 69% de la población española ha padecido síntomas psicológicos con una duración de más de 15 días durante los meses de marzo a junio.

Estos son sólo algunos de los múltiples efectos devastadores que han provocado las medidas de aislamiento impuestas por los gobiernos estatal y autonómicos. Con todo, las restricciones impuestas a fin de minimizar el número de contagios no tienen visos de finalizar con el decaimiento del estado de alarma, e incluso podrán acentuarse a medida que aumente la incidencia de la enfermedad. Por todo ello, se plantea un sugestivo interrogante acerca de si deberíamos transitar hacia un modelo de sociedad que asuma, entre muchas otras cuestiones, el contagio por COVID-19 como un riesgo asumido

En la medida en que una sociedad sin riesgos no es posible y nadie pretende renunciar a la interacción social, un estado de alarma sine die que entrañe una total ausencia de riesgos no es asumible. Múltiples son las circunstancias cotidianas en la que nos resulta imposible imponer estándares que reduzcan todo riesgo de accidente. Esto es así porque eliminar toda probabilidad de riesgo, es decir, asegurar que nuestras conductas entrañen una total ausencia de peligro implicaría asumir medidas excesivas que limitarían la ejecución beneficiosa de una determinada actividad.

Así como el púgil que se acerca a su contendiente en un cuadrilátero para golpearle corre el riesgo de recibir una contusión en el rostro; o aquel que participa activamente en un encierro de reses bravas corre el riesgo de ser corneado; o incluso quien dedica un día de asueto a disputar un partido de fútbol asume el riesgo de sufrir la fractura de alguna extremidad, el riesgo de contagio por la COVID-19 se mantiene latente si se emprenden determinadas actividades sociales en el contexto epidemiológico actual.

Tras la aparición del primer contagio por coronavirus en España a finales de enero de 2020, es incuestionable que nuestra percepción de riesgos ha cambiado. Actualmente, con un nivel de inmunización cercano al 50%, es claro que existen determinadas conductas riesgosas que, desde una estricta ponderación de coste-beneficio, son necesarias para el desarrollo socioeconómico. Este análisis coste-beneficio resulta esencial con el objetivo de determinar el nivel de tolerancia que debe mostrar una sociedad frente al advenimiento de riesgos externos.

En definitiva, los beneficios generales que se derivan de la ejecución de las actividades humanas más elementales entregan un permiso al riesgo de contagio que pudiera originarse. Más aún, si tenemos en cuenta que, según el informe del Ministerio de Sanidad acerca de la gestión integral de la vacunación en España, el 98% de la población de mayores de 70 años ha recibido ya la pauta completa de vacunas frente al COVID-19. Por consiguiente, el riesgo de mortandad, que es el peor de los menoscabos asociados a una enfermedad vírica, disminuye considerablemente.

Basta una prudente ponderación de los costes y beneficios involucrados para exigir una normalización conductual prácticamente absoluta para el correcto ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país. A fin de cuentas, la dinámica de mutabilidad del SARS-CoV-2 hace seriamente pensar que deberemos irremisiblemente convivir con este agente vírico, por lo que el riesgo inherente a su propagación necesariamente deberá ser tolerado como una enfermedad endémica más.

Artículo anteriorLas razones del indulto
Artículo siguientePérdidas de escaño

Comentarios

Deja un comentario

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

spot_imgspot_img

Artículos relacionados

spot_img

Contacta con nosotros

0SeguidoresSeguir
0SeguidoresSeguir

Últimas entradas