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El TC resuelve que los ultrajes a la bandera de España no están amparados por la libertad de expresión

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo interpuesto por un sindicalista gallego condenado en 2017 por un delito de ultraje a la bandera tipificado en el artículo 543 del Código Penal por animar a quemar la bandera de España.

En concreto, las expresiones que determinaron la condena eran «Aquí tenéis el silencio de la puta bandera» y «hay que prenderle fuego a la puta bandera». El Tribunal considera que dichas expresiones fueron innecesarias para las reivindicaciones salariales que el recurrente, como representante del Sindicato (Confederación Intersindical Galega), estaba defendiendo y, además, no guardaban relación con dichas reivindicaciones. Por todo ello, se entiende que dichas expresiones fueron realizadas al margen y sin el amparo de los derechos fundamentales invocados.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, debe quedar fuera de la protección del derecho a la libertad de expresión las expresiones que en las concretas circunstancias del caso sean indudablemente injuriosas, ultrajantes u oprobiosas, es decir, aquellas expresiones ofensivas que no guarden relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas. La utilización del término «puta» para calificar a la bandera y, además, ambas palabras insertadas en la expresión resultan insolentes, por cuanto «la Constitución no reconoce ningún derecho al insulto».

En suma, el Constitucional entiende que el derecho a la libertad de expresión no es de carácter absoluto y omnímodo, sino que tiene sus límites, de manera que cualquier manifestación de ese derecho no merece protección constitucional. En tal sentido el Tribunal se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al afirmar que «la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia».

Votos particulares

La sentencia ha generado graves discrepancias en el seno del Alto Tribunal, al contar con cuatro votos particulares suscritos por cinco magistrados de los once que componen el Pleno. A este respecto, el TEDH ya anuló la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en la que condenaba a dos jóvenes de Girona por quemar una foto del Rey durante una manifestación. Desde Estrasburgo se afirmó que los hechos quedaban protegidos por el derecho a la libertad de expresión.

Así lo expresaba el magistrado Andrés Ollero en su voto particular: «En realidad no hice más que tener en cuenta el bien conocido artículo 10.2 de nuestra Constitución: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Me creí pues obligado a tener en cuenta el Convenio de Roma del Consejo de Europa, firmado con absoluta libertad por el Reino de España y, en consecuencia, asumir la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Sin convertirse en canon constitucional, sí es criterio de interpretación libremente aceptado por nuestro país. Ahorraba así a mi querida España una nueva condena, como las ya coleccionadas sobre cuestiones similares. Podría sin duda, henchido de ardor patrio, tomármelo a beneficio de inventario, pero no me pareció serio». Con todo, se trata de un voto particular relevante teniendo en cuenta la vinculación que, según determinados medios de comunicación, mantiene el magistrado con sectores conservadores y del Opus Dei.

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